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Sí o no, ¿tiene el banco que devolverte dinero por la cláusula suelo de tu hipoteca?

Las famosas cláusulas suelo siguen dando mucho de qué hablar y todavía son miles los afectados que no tienen claro si podrán recuperar su dinero o si pueden reclamar

Las famosas cláusulas suelo presentes en miles de hipotecas en España siguen dando mucho de qué hablar y todavía son miles los afectados que no tienen claro si podrán recuperar todo o parte de su dinero o si pueden o deben reclamar al banco o a los tribunales. Tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, lo cierto es que puede afirmarse que no todo el mundo puede recuperar su dinero.Baste como ejemplo el reciente dictamen del Alto Tribunal en el que da la razón a Caja Rural de Teruel desestimando el recurso de casación interpuesto por dos consumidores que pedían la nulidad de la cláusula suelo de la hipoteca que firmaron en julio de 2009 con la citada entidad, al entender que no hubo falta de transparencia en su comercialización y, por tanto, no puede declararse nula ni abusiva. Pero ¿en qué casos los tribunales pueden dar la razón a los afectados y en cuáles no?

Las cláusulas suelo no son ilegales

En primer lugar, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestionan la legalidad de las cláusulas suelo. Es decir, no son ilegales. El simple hecho de que nuestra hipoteca contenga un límite en el tipo de interés no nos garantiza que vayamos a cobrar todo el dinero cobrado de más.

Lo que la justicia cuestiona es su validez en los casos en los que hubo falta de transparencia en su comercialización. Es decir, si el cliente conocía la existencia de dicha cláusula y las consecuencias económicas de su presencia en el mismo, difícilmente la justicia nos dará la razón. Y hay entidades como Banco Sabadell, que las ha defendido siempre a capa y espada, que se aferrarán a esta línea de defensa para no devolver el dinero a sus hipotecados.

Solo se cobra si hay falta de transparencia

Pero ¿cuándo ha entendido el Supremo que no ha habido falta de transparencia? Su última sentencia, en la que da la razón a Caja Rural de Teruel, se apoya en cuatro pilares fundamentales:

1.- La cláusula fue negociada individualmente. Y el juez entiende que es así porque Caja Rural de Teruel aplicó como suelo un tipo de interés inferior al que venía usando en el resto de hipotecas que comercializaba.

2.- La cláusula no se encontraba camuflada, oculta o enmascarada dentro del contrato hipotecario ni diluida entre entre otras cláusulas. De hecho, el límite del tipo de interés aparecía incluso resaltado en negrilla.

3.- El notario que autorizó la escritura advirtió expresamente a los demandantes de la existencia de la cláusula de variación del tipo de interés en el momento de otorgamiento de la escritura.

4.- La entidad entregó a los demandantes cuadros simulados de amortización donde se reflejaba la activación de ese mínimo del 3%.

Es decir, si el banco dispone de pruebas o es capaz de demostrar que no hubo falta de transparencia y el cliente fue debidamente informado de la presencia y consecuencias de estas cláusulas, el Tribunal Supremo ha puesto sobre la mesa de los jueces los argumentos necesarios para dar la razón al banco.

¿Tienes sentencia firme?

Cuando esta falta de transparencia quede demostrada, los afectados sí podrán acogerse a lo dictado hace un mes por el Tribunal Supremo, que ha adaptado a la jurisprudencia española la sentencia del Tribunal de la UE y que impone, además, la retroactividad total de las cláusulas suelo (devolución de todas las cantidades desde la firma de la hipoteca).

Recordemos que hasta la sentencia del TJUE, los bancos solamente estaban obligados a devolver lo cobrado de más a partir de mayo de 2013. Sin embargo, no estaba claro si quienes ya cuentan con sentencia firme pueden recuperar el dinero cobrado antes de esa fecha. Estamos hablando de todos aquellos que ganaron la primera gran batalla judicial en los tribunales contra BBVA, Cajamar, Caixa Galicia y Banco Popular. En este sentido, la última sentencia del Supremo en la que impone retroactividad total a BBVA, arroja más luces que sombras. ¿Pueden todos los clientes de esta entidad pedir laretroactividad total?

La justicia no cuestiona la legalidad de las cláusulas sino su su validez en los casos en los que hubo falta de transparencia en su comercialización

En una de sus últimas sentencias, el Supremo establece que no se puede considerar cosa juzgada la sentencia de mayo de 2013, por lo que se tendría que aplicar al afectado la sentencia del Tribunal de la UE del pasado 21 de diciembre, que determina que la retroactividad debe ser total (desde la firma del préstamo). Pero la razón en que se basa el Supremo es que la hipoteca sobre la que resolvía el recurso tenía una redacción diferente al provenir de una entidad diferente: Caixa Manlleu, posteriormente fusionada en Unnim, que a su vez fue adquirida por BBVA.

Más relevante era el otro fundamento en que se apoya la sentencia: que la sentencia de 2013 se refería a una acción colectiva (aglutinada por Ausbanc, hoy en vías de disolución) y no se puede aplicar a las acciones individuales, según la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y del Constitucional. Esto sí abre la puerta a una devolución total a los afectados con una hipoteca similar a las consideradas nulas que no participaran en aquella demanda colectiva. Pero la sentencia tampoco dice que deba ser así –haría falta que el Supremo resuelva un recurso de alguien en esa situación–, de ahí que no vaya a haber una restitución masiva de oficio.

Lo que sí queda claro es que todo aquel afectado que no haya recurrido a los tribunales y no disponga de sentencia firme, sí puede reclamar su dinero.

¿Cómo saber si eres un afectado?

Todavía son muchos los afectados que desconocen si su hipoteca contiene una cláusula suelo. De ahí que debamos buscar y leer detenidamente la escritura de nuestra hipoteca. Se suele reconocer bajo epígrafes con títulos como “límites a la aplicación del interés variable”, “límite de la variabilidad” o “tipo de interés variable”. Pero prestarse atención también a la evolución histórica de la cuota de su hipoteca.

¿Llegaste a un acuerdo con el banco?

También son cientos los afectados que no acudieron a los tribunales pero sí llegaron a un acuerdo con el banco para eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas y renunciaron a llevar a cabo acciones judiciales en el futuro para reclamar más dinero. En este caso, los abogados recuerdan cómo algunos tribunales han comenzado también a declarar nulos este tipo de acuerdos.

¿Qué pasos hay que seguir para reclamar?

Lo que recomiendan los expertos es, en primer lugar, intentar negociar con el banco de cara a alcanzar un acuerdo ya que, a veces, enviando un requerimiento previo, la reclamación es atendida. Si el banco no elimina la cláusula suelo, la única opción es reclamar judicialmente.

Si preferimos acudir directamente al banco, podemos optar por contratar los servicios de un abogado o un asesor. En primer lugar, hay que escribir unacarta al director de la sucursal del banco donde firmamos la hipoteca y solicitarle que anule la cláusula suelo del contrato y reembolse el dinero pagado de más. Si el banco la elimina y devuelve el dinero al afectado, se acaba el problema.

Sin embargo, es probable que este no obtenga respuesta alguna, por lo que habría que acudir al Departamento de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente del banco. Si de nuevo no tenemos respuesta, se puede reclamar la eliminación de la cláusula suelo ante el Banco de España cuyo informe, no obstante, no es vinculante. La última opción es la denuncia, si bien para este caso sí habría que acudir a un abogado especializado para denunciar los hechos e iniciar el proceso legal.

¿Qué plazo hay para reclamar?

Los expertos señalan que no hay plazo desde esta sentencia para reclamar la nulidad, ya que la declaración de nulidad es imprescriptible. No obstante, la prescripción de quien ejercitó la declaración de nulidad, pero no la reclamación de cantidad, es de cinco años desde la sentencia, salvo que sea anterior a septiembre de 2015, caso en el que serán cinco años desde esta fecha.

¿Y si se ha pagado ya la hipoteca?

En algunos casos, se puede reclamar aunque ya se haya terminado de pagar la hipoteca. Es decir, no siempre es necesario que la deuda con el banco esté viva. Eso sí, será necesario comprobar en cada caso si la prescripción de la deuda es de cuatro o quince años.

Pánico en el Banco Sabadell por las cláusulas suelo

El banco no ha provisionado aún las cláusulas y se enfrenta a posibles números rojos en su cuenta de resultados

Las noticias para el Banco Sabadell van de mal en peor. Según diversas fuentes, los auditores bancarios se han puesto de acuerdo para exigir a todas las entidades que provisionen el máximo riesgo potencial de las cláusulas suelo de golpe y contra la cuenta de resultados. Puede ser el camino de entrada a los números rojos del tradicional Banco Sabadell.

Viaje a la auditoría de 2015

Para entender bien la importancia de las hipotecas en el Banco Sabadell hay que ir al último cierre anual. La auditoría de 2015, más de 600 páginas, redactada por Price Waterhouse Coopers Auditores y certificada por Miquel Roca i Junyent, secretario del consejo de administración, en enero de 2016, ofrece datos muy claros.

El volumen de créditos hipotecarios para vivienda a particulares, no sumados los referidos a promotoras o empresas, alcanza los 69.000 millones de euros. En el cálculo más optimista, considerando que una hipoteca media en España, según los datos del Banco de España, está sobre los 54.000 euros, da una cifra superior a 1.250.000 hipotecas. La cifra ofrecida por el Banco de Sabadellen dicha auditoría superior a los 5 millones incluiría también empresas y promociones.

A pesar de que hay muchas dudas sobre si las cláusulas suelo afectarían también a todas las hipotecas, vamos a considerar en este informe sólo los datos concernientes a consumidores. Extraemos de esta misma auditoría unos datos más. Por un lado el beneficio, sobre 700 millones de euros. Por otro el saldo de clientes, unos 132.000 millones, de los que 49.000 corresponden a cuentas corrientes y unos 33.000 a cuentas de ahorro. Los activos líquidos del Banco, por último, ascendían a unos 22.000 millones de euros.

El ataque de los bufetes de abogados a las cláusulas suelo

La mayoría de las hipotecas del Banco Sabadell contienen cláusulas suelo pues, como constatamos en un artículo anterior, para ellos son una práctica legal. Su presidente Josep Oliu, seguramente el más beligerante del sector bancario, defendió que la sentencia “no afecta al banco que preside” y reivindicó el carácter “transparente” de sus hipotecas. Incluso en su última rueda de prensa atacó con virulencia a asociaciones, abogados e incluso medios y jueces, indicando que la sentencia es “un asalto al tren del correo”.

Obvia el presidente Oliu indicar que tal supuesto asalto es el cumplimiento de una sentencia. Y cumplirla puede significar entrar en grandes pérdidas al banco, mucho mayores que las indicadas en los diferentes informes por el Banco de España. La táctica del Banco Sabadell de orientar a sus clientes a reclamaciones bancarias, posiblemente deterioraría su balance en pocos meses.

En una hipótesis más aventurada, sólo el millón largo de hipotecas del Banco de Sabadell generarían en costas de los bufetes mediáticos, a una media de 3.000 euros, una cantidad de 3.000 millones de euros. Es decir, más del cuádruple del beneficio del anterior ejercicio, 700 millones. Pero no sólo eso, más de un cliente retiraría sus activos del banco. Actualmente la liquidez, que es superior siempre a la caja en efectivo, del banco, permite sufragar sólo de 1 de cada 6 euros depositados.

Y la ofensiva judicial puede ser peor aún

El problema del Banco Sabadell es que no dispone de caja suficiente, sin entrar en pérdidas, para poder abonar todas las cláusulas suelo ahora consideradas ilegales por el Tribunal Europeo. El Banco se ha financiado durante estos años de forma torticera y ahora, como un mal gestor, se enfrenta a la imposibilidad de devolver el dinero adelantado por sus clientes. Si el escenario de las costas es superior a 3.000 millones de euros, en el caso de la devolución de todo lo cobrado estaríamos en una cantidad aún superior.

Los beneficios del año pasado, y los hipotéticos de este año, se esfumarían tanto si el Banco Sabadelldecide devolver lo “mal cobrado” como si prefiere dilatar en el tiempo dicho pago alargando el tema con procedimientos judiciales. A estas alturas nadie duda de que los tribunales serán exigentes con el banco en defensa no sólo de los consumidores, sino de la sentencia europea.

Sorprendentemente, la política de comunicación del Banco Sabadell no sólo ignora estos riesgos sino que provoca otros nuevos. Su primer gran error de no provisionar y seguir cobrando la cláusula suelo tras la primera sentencia se complementa ahora con su intento de liderar una respuesta bancaria contra el Tribunal Europeo y todo aquel que quiera garantizar la seguridad jurídica. La mayoría de bancos ya ha hecho sus deberes pero el Banco Sabadell, como aquel mal alumno, no sólo no es consciente de su error sino que lo incrementa con el enfado de los clientes.

Próximos temblores en la Bolsa

La decisión en el Banco Sabadell es complicada. La entrada en números rojos, si se atienden las recomendaciones de los auditores de provisionar toda la deuda de las cláusula suelo, va a acercarla a sus peores cifras. Desde los máximos de 2007, por encima de 8,60 euros, la acción ha bajado a apenas 1,32 euros en las últimas semanas.

Algunos de sus máximos accionistas, familia Lara (Planeta), Isak Andic (Mango), Joaquín Folch-Rusiñol (Pinturas Titán) y Héctor Colonques (Porcelanosa), han provisionado pérdidas por cientos de millones de euros por la gestión en el Banco Sabadell en estos años. Su inversión de 1.300millones por el 12,45% de hace unos años ha quedado en apenas un 10% en estos años. Pérdidas desde máximos del 90% del valor del banco. Como referencia, el Santander se ha dejado sólo un 60%, o CaixaBank un 40%.

Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones por usar información sin permiso

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 1,2 millones de euros a Facebook por vulnerar la normativa sobre protección de datos personales de los usuarios. La agencia ha constatado que la red social recopila, almacena y utiliza información de los usuarios para fines publicidad sin haber obtenido la previa autorización para ello.

Por su parte, la empresa ha comunicado que “discrepan respetuosamente” de la decisión de la Agencia y por tanto tienen la intención de “recurrir” la sanción. “Como comunicamos a la AEPD, son los usuarios los que deciden qué información quieren añadir en su perfil y compartir con otros, como su religión”, explica Facebook a través de una nota por escrito. Además, asegura que no utilizan esa información para mostrar publicidad específica a los usuarios.

Según la resolución difundida este lunes por la AEPD, Facebook ha obtenido información sobre la ideología, el sexo, las creencias religiosas, los gustos personales o la navegación de sus usuarios sin que estos le hayan dado un “consentimiento inequívoco”. Por ello, considera que el gigante tecnológico ha cometido dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), castigadas con 300.000 euros cada una de las primeras y con 600.000 por la segunda.

La investigación emprendida por la propia agencia ha permitido comprobar que la compañía estadounidense, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios conectados en todo el mundo, no informa de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y los tratamientos que va a realizar con ellos sino que se limita a dar algunos ejemplos. A tenor de las comprobaciones de la AEPD, la red social recoge otros datos derivados de la interacción que llevan a cabo los usuarios en la plataforma y en sitios de terceros sin que estos puedan percibir claramente la información que Facebook recoge sobre ellos ni con qué finalidad la va a utilizar.

La agencia también ha constatado que la política de privacidad de Facebook contiene “expresiones genéricas y poco claras”, y obliga a acceder a multitud de enlaces distintos para conocerla. La red social hace referencia de forma imprecisa al uso que va a hacer de los datos que recoge, de forma que el usuario no llega a ser consciente de la recogida de datos que realiza Facebook, ni de su almacenamiento. Ignora asimismo para qué van a ser utilizados.

Información con ‘cookies’

La AEPD también ha confirmado que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de cookies cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón ‘Me gusta’.

Además, el organismo regulador sostiene que los datos personales de los usuarios no son cancelados totalmente cuando dejan de ser útiles para el fin para el que fueron recogidos, ni cuando el usuario solicita explícitamente su eliminación. La agencia ha comprobado que Facebook no elimina la información que recoge a partir de los hábitos de navegación de los usuarios, sino que la retiene y reutiliza posteriormente asociada al mismo usuario. En relación con la conservación de datos, cuando un usuario de la red social ha eliminado su cuenta y solicita el borrado de la información, Facebook capta y trata información durante más de 17 meses a través de una cookie de la cuenta eliminada.

“Facebook cumple con la Ley de Protección de datos de la Unión Europea desde nuestro centro en Irlanda. Estamos abiertos a seguir hablando de estos asuntos con la AEPD mientras que trabajamos con la Agencia Irlandesa de Protección de Datos y nos preparamos para la nueva regulación de 2018 de la Unión Europea”, Insiste Facebook.

Juana Rivas se declara inocente ante la jueza y asegura que actuó solo para proteger a sus hijos

Juana Rivas, que ha comparecido este martes en el juzgado de Granada que la investiga por la presunta sustracción de sus dos hijos, se ha declarado inocente y ha asegurado que actuó en todo momento para proteger a los menores, según ha informado su abogado, Juan de Dios Ramírez, al término de la declaración. La defensa de Rivas critica que la jueza no les ha dejado explicar en “entorno de violencia” hacia Juana y sus hijosTras su comparecencia ante la jueza de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, en la que solo ha respondido a las preguntas de su defensa, el letrado de Juana ha explicado a los periodistas que han tratado de enmarcar su declaración en el supuesto maltrato del que fue víctima, si bien la jueza se ha ceñido a los hechos por los que se le investiga, lo que, según el abogado, les genera “indefensión”. Según ha señalado, han pretendido que Juana “describiera el entorno de violencia hacia ella y sus hijos” por parte de Francesco Arcuri, el padre de los niños, de 3 y 11 años, que están con él en Italia desde la semana pasada, cuando la madre los entregó ante la Guardia Civil en cumplimiento de un ultimátum judicial tras permanecer casi un mes en paradero desconocido. Pero la jueza, según el letrado, “ha intentado por contra que el interrogatorio no abarcase esos extremos”, sino que solo se centrara en la conducta de Juana Rivas como investigada por la presunta sustracción de menores y desobediencia a la justicia. Para su abogado, “resulta necesario un adecuado esclarecimiento del entorno en el que se produce y se ha producido” la conducta de Rivas porque, de lo contrario, se “cercenaría” su derecho a la defensa y les generaría “indefensión”, de ahí que a lo largo de la declaración hayan hecho constar varias protestas, según ha dicho. Por otra parte, debido a la “imposibilidad” de comunicarse con sus hijos desde el jueves pasado, el equipo jurídico de Rivas ha solicitado un procedimiento de “inaudita parte” en Italia para restablecer la comunicación “inmediata” y por vídeo conferencia. De hecho, se ha levantado acta notarial de “los intentos de llamadas” y de comunicación a través de Whatsapp de Juana y su familia para contactar con los menores y se ha pedido esta medida cautelar en Italia para garantizar un “comunicación plena y diaria” entre la madre y sus hijos, dado que desde el pasado jueves “ha sido imposible”, ha agregado Juan de Dios Ramírez.  La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar y la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada no ha tomado ninguna nueva decisión hasta el momento tras la declaración de Rivas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, de modo que el procedimiento continúa su curso y ella sigue estando investigada por la supuesta sustracción de los menores.

En libertad provisional

Juana asegura que no ha “podido” hablar con sus hijos desde que se los entregó al padreA su llegada a los juzgados, Rivas ha asegurado que no ha “podido” hablar con sus hijos desde que el pasado 28 de agosto se los entregara a su expareja por orden judicial. Y ha afirmado que “dirá la verdad” a la jueza y le “pedirá ayuda”. Juana había sido citada a las 11.00 horas, si bien ha llegado con más de media hora de retraso tras avisar al juzgado. “Gracias a todos, esto es muy duro”, ha señalado al entrar, acompañada de sus abogados, de su hermana y también su padre ha sido visto entrando. Esta madre de Maracena (Granada) permanece en libertad provisional como investigada desde el martes 22 de agosto, cuando declaró detenida ante el juez de Instrucción 9, en funciones de guardia ese día, quien no vio razones para acceder a la petición de prisión sin fianza de la Fiscalía en ese momento, aludiendo a la no existencia de antecedentes penales de Rivas, el arraigo social que no hacía suponer “riesgo de fuga” y la circunstancia de estar litigando en la actualidad en otros juzgados. Dos días después, la jueza de Instrucción 2, responsable de las diligencias de este caso por la vía penal, emitió un auto en el que ordenó la restitución de los niños, de once y tres años, al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, lo cual fue acatado por la investigada, que entregó el pasado lunes 28 en la Comandancia de la Guardia Civil a los menores, que ya están en Italia con el progenitor. La Fiscalía, que presentó recurso contra la decisión del juez de guardia de poner en libertad a Juana Rivas, retiró la apelación al entender que habían cambiado las circunstancias del caso, una vez que los niños fueron entregados. En esta causa, también han sido llamadas a declarar como investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer, Francisca Granados y Teresa Sanz, los padres y los dos hermanos de Juana Rivas, para averiguar su posible participación en el supuesto delito de sustracción de menores.

Los niños ya están en Italia

Por su parte, la defensa de Juana Rivas en la vía penal indicó este pasado jueves por la noche que los niños han podido salir con Francesco Arcuri hacia Italia, donde tienen su residencia, a falta de una diligencia probatoria que había de haber sido practicada antes. El padre ha propuesto a Juana la custodia compartida de sus hijos en ItaliaLos letrados indicaron, en este sentido, que desconocían “el paradero y el estado en el que se encuentran los menores” puesto que dicha información “no obra” en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que no ha podido notificarles “ninguna noticia” al respecto. Los nuevos abogados de Francesco Arcuri en España explicaron el pasado viernes, a este respecto, que su cliente se personó ante la jueza italiana con sus hijos, para dar cumplimiento del Convenio de La Haya, a la par que subrayaron que “conforme a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales firmes”, Arcuri se había trasladado a Italia como “un ciudadano libre” -posee cinco resoluciones en ese sentido- que “no ha huido de ningún sitio, solo se ha marchado a su casa”. Arcuri, al que Rivas denunció en julio de 2016 por supuestos malos tratos, en una denuncia enviada a los tribunales italianos y ampliada ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada, ha propuesto a su expareja la custodia compartida en Italia, donde reside con los niños, “una vez resuelva” ella sus problemas con la justicia española.

El Constitucional suspende la Ley del referéndum de autodeterminación

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad, admitir a trámite los cuatro recursos presentados este jueves por el Gobierno en relación con las actuaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña referidas a la celebración de un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre.

En concreto:
1. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/ 2017, del referéndum de autodeterminación;
2. La impugnación de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por el que se designan los miembros de la sindicatura electoral;
3. La impugnación del decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se aprueban las normas complementarias para la celebración del referéndum;
4. La impugnación del decreto de la Generalitat de convocatoria del referéndum el próximo 1 de octubre.

Como consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, el Pleno acuerda la suspensión de todas las disposiciones impugnadas. Este precepto constitucional establece que: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Asimismo, el Tribunal ha iniciado la tramitación del incidente de ejecución de sentencia presentado también hoy por la Abogacía del Estado en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña por el que se admite a trámite la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

Las providencias dictadas por el Pleno suspenden cautelarmente, por tanto: la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, la designación por el Parlamento de Cataluña de los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, el decreto de la Generalitat de Cataluña de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación y el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña, además de la suspensión cautelar.

Por otro lado, en el incidente de ejecución de sentencia referido a la tramitación por el Parlamento de Cataluña del proyecto de ley de Transitoriedad Jurídica, el Tribunal acuerda tener por personada en el procedimiento a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los solos efectos de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos.

El caso Juana Rivas abre el debate sobre si la ley de violencia de género margina al hombre

Su abogado José Luis Sariego ha denunciado la vulneración a los derechos de su cliente por parte de la ley de violencia de género española, ya que «no respalda al hombre»

Es difícil encontrar una opinión clara en la polémica causa que enfrenta a Juana Rivas y a su exmarido Francesco Arcuri a la vista de los hechos. En Italia, él aceptó «de conformidad» una sentencia condenatoria de 3 meses tras un forcejeo, a la vuelta de una noche fuera de casa por parte de la granadina, para –asegura– no perder a sus dos hijos. En España tiene otra causa de maltrato pendiente de resolución desde 2016. «Cada uno sabe lo que tiene dentro de su casa», dicen en la Asociación de Hombres Separados, aunque no ocultan su creencia de que hay mujeres que «emplean la ley como corriente» a su favor.

Arcuri ha querido colocar en el centro del debate ese perjuicio que dice padecer. Su abogado José Luis Sariego ha denunciado la vulneración a los derechos de su cliente por parte de la ley de violencia de género española (vigente desde 2004), ya que, esgrime, no respalda al hombre.

«La discriminación que sufren los hombres es intolerable; basta que una mujer diga que es maltratada para que los derechos humanos que posee todo ciudadano europeo que viva en España desaparezcan», argumenta Sariego. De la misma opinión son los hombres acusados de malos tratos entrevistados por ABC. En concreto, D.S.G. mantiene que «Juana Rivas es lo peor que le ha podido pasar a la mujer maltratada. Ha usado todos los medios sociales y judiciales para que un padre no vea a sus hijos».

 La presidenta del Observatorio de Violencia de Género apunta, sin valorar «el caso Juana», que un «hombre que maltrata nunca es un buen ejemplo para sus hijos».

El PSOE pedirá explicaciones a Catalá en el Senado por los fallos LexNET

El PSOE pedirá explicaciones en el Senado, el próximo martes 12 de septiembre, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por los “gravísimos fallos” de seguridad de la plataforma de intercambio de documentos judiciales LexNET.
En un comunicado, el Grupo Socialista anuncia que aprovechará la próxima sesión plenaria de la Cámara Alta para instar al ministro Catalá, a través de una interpelación, a que informe de los fallos de seguridad en la plataforma telemática y de la “puesta en marcha de la Justicia en entornos digitales”.

Tontxu Rodríguez Esquerdo, senado por el País Vasco y portavoz socialista en la Comisión de Justicia, autor de esta iniciativa, ha enmarcado dichos fallos de seguridad en un deterioro creciente de la Justicia y en un síntoma de que la Justicia con el Ejecutivo del Partido Popular no funciona “ni en el fondo ni en la forma”.

El senador del PSOE ha definido la transformación tecnológica de la Justicia en un “auténtico desafío del Estado”, por lo que también pedirá al ministro soluciones para que los sistemas informáticos sean “rápidos, seguros, eficaces y transparentes” y evitar fallos que minen “la fiabilidad de la administración de la Justicia”.

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El Alto Tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.

Según explica el Supremo en un auto, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenó al acusado a 12 años y medio de prisión por delito continuado de agresión sexual; y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclamó un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.

Ante la solicitud del condenado para recurrir, se designó abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designación a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.

“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, dice la Sala.

El Tribunal destaca la labor del turno de oficio

Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempeñada mediante la organización de los colegios de abogados, “que sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma”.

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía. Por ello, las autoridades nacionales competentes están obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.

La resolución destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacción del interés público que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Además, subraya que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

También indica el auto que, por más que la misión de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligación de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo estos quienes están en condiciones de examinar si la defensa fue intrínsecamente adecuada o idónea.

El TS rectifica sobre el reconocimiento de la condición más beneficiosa para los empleados de la administración pública

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sentencia 623/2017, de 13 de julio (Rec. 2976/2015), replantea la doctrina sobre el reconocimiento de condición más beneficiosa para los empleados de la Administración. Pese a existir precedentes recientes sobre la condición más beneficiosa en el ámbito laboral público, aplicando el ET, el alto tribunal establece en esta última sentencia una serie de requisitos que hacen dificultosa -excepcional, más bien- la posibilidad de adquirir una condición más beneficiosa frente a la Administración empleadora.

El origen del recurso de casación para unificación de doctrina estudiado es la demanda de una trabajadora de una residencia de menores dirigida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que declare la nulidad de la supresión de su derecho de manutención en el centro de trabajo, que ella considera condición más beneficiosa ya adquirida. Demanda que fue rechazada por considerar tanto el órgano de instancia como el TSJ de Aragón que no se había acreditado voluntad alguna de la Administración empleadora para atribuir un beneficio que supera los derechos establecidos en fuentes legales o convencionales de la relación contractual.

Considera el Tribunal que, pese a existir precedentes recientes sobre la condición más beneficiosa en el ámbito laboral público, es necesario replantearse la cuestión. En primer lugar, reconoce la dificultad que presenta esta figura cuando la empleadora es la Administración, pese a ello el Pleno en sus sentencias de fecha 25/06/2014 (rec. 1994/12 y 1885/13 ) –que ahora rectifica- la ha admitido basándose en que el principio de legalidad al que está sometida la Administración en su papel de empleadora incluye el ET, cuyo art. 3.1 c) establece que las relaciones laborales se regulan también por la voluntad de las partes, requisito esencial para el nacimiento de la condición más beneficiosa.

Ahora llegan las precisiones que implican una clara modificación de esta doctrina: cuando se trata de una Administración Pública el obligado acatamiento del principio de legalidad se cualifica con el sobreañadido sometimiento a los específicos principios de competencia, de igualdad y presupuestario. Esto excluye la posible obtención de la condición más beneficiosa cuando la misma se oponga a norma legal de Derecho necesario o prohibición expresa de convenio colectivo, o cuando se carezca de la debida competencia para atribuirla. Se vuelve así a la jurisprudencia anterior a la rectificada para la que los principios de legalidad y de competencia impedían a gestores de entidades administrativas pactar acuerdos u otorgar condiciones laborales ajenas a la legalidad y/o al convenio de aplicación.

En resumen, se subordina la admisión de esta figura a una triple exigencia delimitadora: a) que traiga origen en la voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio praeter legem, no prohibido por disposición legal o convencional. Por tanto, aplicando lo anterior, mal puede calificarse de condición más beneficiosa si no consta probada voluntad empresarial alguna de mantener el beneficio en favor de los trabajadores; menos aún, que la misma pudiera atribuirse a quien tiene competencia para ello y no al que dirige por delegación del órgano correspondiente de la Administración.

Esta sentencia cuenta con el voto particular en contra de cinco de los magistrados.